Artículo “El COVID-19 en América Latina: La Pandemia que ahondó la crisis social”

Referencia bibliográfica: DW. (2020). Coronavirus minuto a minuto: la ONU advierte de posible "pandemia de hambre" en Latinoamérica.
Fuente de la foto: Tomada de DW (2020).
Recuperado de https://www.dw.com/es/coronavirus-minuto-a-minuto-la-onu-advierte-de-posible-pandemia-de-hambre-en-latinoam%C3%A9rica/a-53831464

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Resumen: En el presente artículo se busca abordar la coyuntura que atraviesa América Latina en cuanto a las protestas y movilizaciones sociales que los gobiernos de la región han tenido que enfrentar en los años recientes, y la relación que estas tienen con la actual pandemia de COVID-19 cumpliendo esta con un papel fundamental, no solo como exponente del débil entramado institucional de los gobiernos, sino también como catalizadora del descontento social ante la cada vez menor capacidad de respuesta en la gestión de los retos que esta crisis sanitaria, social y financiera trae a los países de la región. 

Palabras claves: COVID-19, América Latina, protestas sociales, instituciones 

Durante los años 2019 y 2020 América latina vivió fuertes olas de protestas que no se vivián desde hace más de una década, donde se evidencia el creciente descontento y desconfianza de la población frente a políticas gubernamentales ineficientes, y que no responden a las necesidades de la población. La emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 parecía ser un obstáculo para las luchas sociales de los miles de latinoamericanos que promovieron multitudinarias movilizaciones en las calles de sus países. Sin embargo, las medidas tomadas por parte de los diferentes gobiernos frente a la pandemia, han intensificado y expuesto los problemas estructurales de índole política y social con los que la población latinoamericana ha tenido que convivir durante años. 

Las problemáticas sociales que se han exacerbado debido a la pandemia, son congruentes con las peticiones por las que los protestantes estaban saliendo a las calles. Desigualdad, corrupción, calidad de la educación, acceso a mejores oportunidades de empleo, representación política y distribución de las riquezas de manera más equitativa, eran las principales quejas de los ciudadanos frente a sus gobiernos. Durante las diferentes formas de aislamiento que adoptaron 

los países, muchas de estas demandas se unieron a nuevas y más urgentes medidas para enfrentar la pérdida de plazas de trabajo, ayudas gubernamentales para trabajadores informales, reformas de las instituciones policiales y el mejoramiento y/o creación de sistemas de salud universales. 

Lo primero que se debe tener en cuenta es que las consecuencias sociales derivadas de la pandemia han empeorado la situación que ya venían viviendo muchos de los países latinoamericanos. Aún antes de la llegada del COVID-19 a la región, problemas como las desigualdades en acceso a la educación, la creciente informalidad, el desempleo, el precario sistema de salud, entre otros, eran malestares que la pandemia mundial llegó a resaltar y a empeorar. 

Según las proyecciones de crecimiento para los países de América Latina y del Caribe dadas a conocer en el informe especial COVID-19 # 5 de la CEPAL (2020), habrá un retroceso de 10 años en el PIB per cápita de toda la región además de un incremento de 45,4 millones de personas en situación de pobreza comparado con el año 2019. También se afectarían las plazas de trabajo, donde se estima que al menos 18 millones de personas más (comparado con el año anterior) se quedarán sin trabajo. Esto sin duda repercutirá en las turbulentas relaciones sociales que se presentan actualmente, sumado a la imposibilidad de los gobiernos de turno de fomentar medidas que hagan un impacto real y la decisión sistemática de silenciar y aislar las protestas va aumentar el descontento de la población frente a las instituciones gubernamentales. 

La clase media latinoamericana y más concretamente sus jóvenes, son los que en la mayoría de los casos estaban llevando la batuta de las diferentes movilizaciones pre pandemia; la lucha desesperada por no caer en la pobreza, la intolerancia frente a la corrupción, la desconfianza en las instituciones gubernamentales y la preocupación por el crecimiento de la desigualdad son algunos de los motivos por los que esta clase social se ha visto con más recurrencia en las protestas. A partir de la llegada intempestiva del COVID-19, las clases menos favorecidas se han empezado a movilizar para exigir una respuesta gubernamental frente a la falta de recursos que han percibido, la imposibilidad para adquirir alimentos y las pocas oportunidades de trabajo. A esto hay que sumarle que esta clase social es la más vulnerable frente a la respuesta violenta de los organismos de control. Según el informe anual para las Américas de Amnistía Internacional 

(2019), hubo 210 muertes de protestantes en la región, siendo Haití el que lidera la lista con 83 fallecidos, seguido de Venezuela con 47, 35 en Bolivia, 31 en Chile, 8 en Ecuador y 6 en Honduras. 

Las diferentes medidas gubernamentales para hacerle frente a la pandemia han sido necesarias, pero en general no son tomadas en cuenta todas las implicaciones sociales que han tenido sobre la población. En el caso de Argentina, país que reportó el primer fallecido por COVID-19 en la región, las medidas de aislamiento obligatorio fueron tomadas posterior a dicho fallecimiento, así como el cierre de escuelas, universidades y lugares de trabajo, junto con subsidios especiales para sectores específicos. Sin embargo, el efecto psicológico causado por el aislamiento tuvo un gran impacto en la población, generando así manifestaciones y movilizaciones en contra del confinamiento y lo que fue considerado como una mala gestión de la pandemia por parte del gobierno, pues, hasta septiembre el país batía un récord de 11.945 contagiados al día (DW, 2020). Aunque las manifestaciones se han llevado de la mejor manera posible en términos de protocolos, muchos han expresado su convencimiento de que el gobierno ha aprovechado la situación para tomar decisiones político-económicas “excepcionales” valiéndose de la incapacidad de salir y participar, principalmente en la crisis económica que golpea al país desde el 2018 hasta la actualidad. 

Paralelamente, la presidente interina de Bolivia Jeanine Áñez ordenó endurecer las medidas de distanciamiento social debido a la desobediencia civil y la falta de compromiso de los ciudadanos, lo cual solo ocasionó que se aumentará el ya muy notorio descontento del pueblo boliviano. Puesto que estas medidas sólo se percibieron como una forma de hacer callar a los miles de manifestantes que desde enero de este año han salido a protestar por las muy deficientes políticas de salud, educación y trabajo. Es esta falta de atención y la paquidermia que ha demostrado el gobierno para resolver de forma adecuada las situaciones que han aquejado a los bolivianos, no solo durante esta pandemia sino desde mucho antes de la llegada de la misma, lo que permite vislumbrar que las crisis sociales en este país al igual que en muchos de américa latina no son novedad y seguirán siendo una realidad hasta que no haya un verdadero accionar gubernamental. 

De la misma manera, otro caso en donde la pandemia visibilizó aún más la problemática social fue Chile, en donde se declaró el estado de emergencia o de excepción por catástrofe, el cierre de fronteras y controles en la población fueron algunas de las acciones tomadas. Sin embargo, el enfoque de estas medidas se quedó en una mirada limitada sin lograr soluciones que pudieran mantenerse en el largo plazo. Estas acciones también llegaron luego de las multitudinarias demostraciones en el 2019 en contra del gobierno por el aumento de la tarifa del metro de Santiago, el elevado costo de vida, la privatización de empresas de servicios críticos para la población y la creciente desigualdad en todo el territorio. Por lo tanto, la mayoría de los ciudadanos percibieron que las medidas sanitarias estaban guiadas por los entes gubernamentales para tratar de frenar nuevas protestas multitudinarias, que durante el transcurso del 2019 tuvo la adhesión de nuevas demandas, siendo la principal el cambio urgente en la constitución política que data de la época del dictador Gustavo Pinochet. A pesar de la coyuntura actual de la pandemia, los chilenos aprobaron con una abrumadora mayoría cambiar la constitución y por primera vez esta Carta Magna será construida de manera paritaria, donde se asegura la participación femenina de manera igualitaria. 

En el caso colombiano, las políticas públicas para frenar la expansión del coronavirus fueron percibidas por la ciudadanía como ayudas a grandes empresas y multinacionales, mientras que la mayoría de la población que tiene empleos informales recibieron pocas ayudas. El caso más mediático es el de la ayuda a la aerolínea Avianca, la cual se acogió al capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos por la incapacidad de mantener sus obligaciones debido al golpe económico de la pandemia. El gobierno del presidente Ivan Duque anunció entonces un préstamo por un valor de $370 millones de dólares para esta aerolínea, sin dejar del todo claro cuales iban a ser las reglas para que la empresa hiciera la devolución total de este dinero. A pesar de las críticas que esto ha generado en la opinión pública y a diferentes demandas interpuestas para frenar el préstamo, el presidente Duque sigue haciendo presión para que se entreguen estos dineros. 

La respuesta civil a las decisiones gubernamentales no se hizo esperar en las diferentes naciones, teniendo en cuenta que la respuesta a las demandas de los sectores vulnerables no ha sido diligente ni efectiva. Como resultado, la informalidad, pobreza y desempleo aumentaron en la 

región, a esto se le tiene que sumar que algunos gobiernos han usado, de manera poco ortodoxa, las medidas de aislamiento y emergencia sanitaria para pasar leyes que en otras circunstancias no serían aceptadas por la ciudadanía. Con las proyecciones respecto al desarrollo social y político de la región, se espera que estas manifestaciones continúen en función de mantener y velar por el cumplimiento de sus derechos, y así fortalecer los sistemas democráticos tan debilitados en América Latina, es decir, lograr cambios estructurales que fomenten bases sólidas para soluciones de fondo a crisis anteriores a esta pandemia. 

En cuanto a lo abordado con anterioridad, se puede afirmar que la pandemia del COVID-19 es una crisis sistémica que pone de manifiesto un conjunto de debilidades y fallas institucionales que abarcan distintos ámbitos: el sanitario, socioeconómico y político. Las clases políticas que llevan décadas en el poder de los países latinoamericanos, están percibiendo los resultados de las pobres medidas que han tomado durante años. Los movimientos civiles de protesta son solo la punta del iceberg de la respuesta ciudadana frente a la inatención de los requerimientos de la población. Si los gobiernos de las distintas naciones latinoamericanas no realizan cambios estructurales, tanto en sus competencias gubernamentales, en la redefinición de los entes de vigilancia y control, como en la atención oportuna de las demandas sociales y en últimas el no uso de la violencia cuando la ciudadanía exige medidas que el estado debería poder tomar. 

Estas deficiencias con las que todos los ciudadanos han tenido que coexistir, han llegado a su punto de ebullición en América Latina, donde representará un antes y un después en cómo los Estados tienen que actuar de manera congruente para afrontar las problemáticas sociales, incluso antes de que situaciones externas fuera de su control ahonden la problemática que ya estaban cultivando. 

Bibliografia 

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