Opinón “El Renacer Chileno“

Con un 78.3% del voto los chilenos decidieron enterrar su desprestigiada Carta Magna, impuesta por Pinochet como condición de la transición de 1990. Junto con el triunfo del Aprueba, un 79% también eligió la Convención Constitucional, compuesta exclusivamente de ciudadanos con paridad de género – por primera vez en la historia del mundo -- y participación de los pueblos indígenas. La ventaja abrumadora de ambas opciones refleja no solo la pérdida de confianza en las instituciones del país, comenzando por los partidos políticos y el legislativo, sino un fuerte mandato popular para realizar cambios de fondo.

Si bien durante algún tiempo Chile se conformó con una democracia erigida sobre los residuos de la dictadura, poco a poco las herencias de esta, incluyendo el neoliberalismo económico y social -- preservado en lo sustancial por todos los gobiernos posteriores – un sistema electoral no representativo y una institucionalidad estática y excluyente, terminaron haciendo mella. En reconocimiento del creciente descontento ciudadano hubo tentativas de cambio desde los 2000, pero estas resultaron pocas y demasiado tarde. El “no lo vimos venir” con el que el presidente Sebastián Piñera reaccionó ante el estallido de las protestas sociales hace un año solamente confirmó la sordera arrogante de la clase política y de las elites económicas ante los agravios múltiples de la gente.

Entre el sinnúmero de asuntos espinosos que tendrán que considerarse cuando la Convención se elija e inicie labores en 2021, se destacan la modificación del modelo neoliberal y la lógica de mercado que lo subyace, la expansión de los deberes del Estado y los derechos sociales de la ciudadanía, la reducción del excesivo presidencialismo y centralismo, la creación de un marco legal más ágil que permita efectuar las reformas que el país va requiriendo y la refundación de los mecanismos de convivencia política.

La participación paritaria ha creado la expectativa de que algunas constituyentes mujeres podrán insistir en la ampliación de las garantías asociadas con la igualdad de género y en la responsabilidad estatal de hacerla efectiva. Más complejo aún es todo lo relacionado con los pueblos originarios. Pese a representar un 13% de la población chilena, siendo los mapuches la mayoría, no son reconocidos por una Constitución que consagra la monoculturalidad ni cuentan con representación garantizada en el Congreso. El hecho de que no se haya precisado ni siquiera su participación numérica en la Convención evidencia la alta sensibilidad de sus reivindicaciones, que incluyen la restauración de los derechos territoriales ancestrales, especialmente en Araucanía, hoy explotada por forasteros e industrias extractivas y también la zona más pobre de Chile, la violencia policial, el racismo sistémico y su reconocimiento como pueblo-nación.

Una nueva constitución no es panacea ni solucionará de un tajo los descontentos que originaron el plebiscito en Chile. No obstante, se trata de un paso indispensable en la sanación de las actuales divisiones y heridas sociopolíticas que caracterizan al país. Hasta qué punto la Convención Constitucional logre incorporar mecanismos creíbles de escucha a la ciudadanía, y en qué medida la contienda electoral del próximo año secuestre u opaque sus deliberaciones, serán factores claves para atenuar el carácter elitista y excluyente del sistema político y hacer de este renacer chileno un ejercicio popular y colectivo que goce de legitimidad desde sus inicios.