Cifras chimbas

Pues ante la imposibilidad de cumplir con las metas del gobierno que este año aspira a erradicar 130.000 hectáreas, militares y policías en Nariño, Vichada, Bajo Cauca o Catatumbo habrían apelado a fotos y coordenadas falsas...

En su afán por vengarse del Acuerdo de Paz y congraciarse con Trump, el gobierno Duque enterró el Programa Nacional de Sustitución (PNIS) orientado a enfrentar los cultivos ilegalizados desde sus raíces socioeconómicas y centró sus esfuerzos en la vieja y fallida erradicación forzada.

Recientemente, el Presidente presentó con “bombos y platillos” la reducción de cultivos ilícitos después de seis años de crecimiento sostenido, como el resultado de su “política integral” antidrogas. Sin embargo, para tristeza de este gobierno que más parece una dolorosa e interminable procesión de escándalos en el que cada uno es mayor que el anterior, detrás de este éxito tan celebrado habría cifras infladas que alcanzarían el 50%.

De modo similar a lo que sucedió con los “falsos positivos”, tendríamos aquí otro ejemplo de los efectos perversos de la presión por resultados desde el Ministerio de Defensa. Pues ante la imposibilidad de cumplir con las metas del gobierno que este año aspira a erradicar 130.000 hectáreas, militares y policías en Nariño, Vichada, Bajo Cauca o Catatumbo habrían apelado a fotos y coordenadas falsas de cultivos erradicados para evitar anotaciones en sus hojas de vida, recibir permisos y enfrentar las dificultades de su trabajo en el terreno: comunidades campesinas sin otro medio de subsistencia, minas antipersonales y presencia de grupos criminales.

La estrategia de maquillar las cifras de erradicación en que se basa el SIMC de la Naciones Unidas cuyo reporte anual tiene gran repercusión nacional e internacional, puede sorprender a la opinión pública, pero sería un secreto a voces al interior de la fuerza pública y una práctica facilitada por la confidencialidad de datos y la dificultad de su verificación en terreno. En todo caso, estas “cifras chimbas” prueban los riesgos del fundamentalismo prohibicionista de este gobierno ensombrecido por el “fantasma” del narcotráfico y los costos para el país que en 2019 gastó 361.000 millones en tumbar la coca a la brava, como ya se había hecho sin resultados sostenibles durante el Plan Colombia.