Bolivia, la riesgosa politización de la defensa democrática

El pasado 24 de abril se conmemoraron 46 años de la Revolución de los Claveles que dio origen a la denominada tercera ola democrática, el último giro hacia la democracia masivo que tuvo eco en todos los rincones del mundo. Aquello que comenzó en Portugal con la caída de la dictadura salazarista se extendió a otros países del sur del Europa como España y Grecia para que luego América Latina fuese testigo de la caída, una a una, de las dictaduras militares. Pues bien, esa nueva conmemoración de la tercera ola debe servir para llamar la atención sobre los graves riesgos que enfrenta la que fue en su momento, la segunda democracia en instalarse, Bolivia, y que transita riesgosamente hacia un autoritarismo indefinido.

La historia reciente de la democratización boliviana da cuenta de un sistema político atípico, en el que los partidos políticos tradicionales tuvieron el control efectivo del sistema hasta comienzos de siglo cuando de forma estrepitosa su poder se derrumbó. Desde ese entonces, los presidentes enfrentaron serios problemas de legitimidad debidos, entre otros, a una disposición de la entonces constitución de 1967 que determinaba que cuando ningún candidato obtuviese mayoría absoluta en la primera vuelta, el Congreso debía elegir entre los tres primeros más votados. Es decir, generalmente recayó en las principales fuerzas partidistas que tenían hegemonía en el legislativo semejante potestad, lo que hacía difícil la ascensión de una alternativa.

A comienzos de los noventa, el movimiento cocalero ya disponía de una plataforma política para la participación creada al amparo de la Ley de Participación a mediados de los noventa, el partido Movimiento al Socialismo (MAS) que congregaba los intereses de campesinos bolivianos e independientes preocupados por los planes de erradicación que amenazaban su subsistencia. El más feroz ocurrió a finales de los noventa con el llamado Plan Dignidad puesto en marcha por Hugo Banzer, y luego por Jorge Quiroga, que apuntaba a una erradicación total de cultivos de uso ilícito. Aquello politizó el movimiento campesino y sentó las bases para que este diera el salto de la política local y legislativa a la aspiración presidencial. Se trataba de un movimiento que difícilmente podría rivalizar con los grandes partidos, el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), conformado tras el desastre de la Guerra del Chaco con Paraguay, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y la Acción Democrática Nacionalista (ADN) del general y expresidente Hugo Banzer. Aun así, en diciembre de 2005, la historia reciente de la democracia boliviana cambió cuando por primera vez desde aquella constitución de 1967, un candidato ganó las elecciones con una mayoría absoluta en primera vuelta y se convirtió en el primer presidente indígena.  

Desde su llegada, Morales adelantó una refundación nacional que se cristalizó con la atropellada redacción y aprobación de la una nueva constitución que entró en vigencia en 2009 y cuyos mandatos para la legalidad boliviana solo empezarían a contar a partir de ese año. En el marco de este proceso, se aprobó la reelección inmediata (y no indefinida como pretendía el MAS) y el período presidencial se amplió a cinco años. Más allá de la reestructuración política, el principal logro del MAS consistió en haber conseguido el denominado milagro económico: la pobreza extrema pasó del 38 % al 15 %, el PIB per cápita se triplicó, la pobreza se redujo en un tercio y las reservas internacionales pasaron de 700 millones de dólares a 20 mil millones, según reportes de la Deutsche Welle y la BBC. El coeficiente de Gini -que mide la concentración del ingreso- pasó de 54.50 en 2005 a 44.00 en 2019, una reducción considerable en una de las regiones del mundo donde la riqueza tiende a la concentración al tiempo que los avances en la materia suelen ser muy modestos.  

Morales había ganado con facilidad las elecciones de 2009 y de 2014, pues la constitución de 2009 permitía una sola reelección inmediata. Por eso a mediados de su segundo mandato, es decir para finales de 2015, se empezó a contemplar la posibilidad de reformar la carta magna para introducir una segunda reelección que le permitiera al líder del MAS participar de las elecciones de 2019. El Consejo Nacional Electoral dio su visto bueno para proceder a un referéndum que se llevó a cabo en febrero de 2016 y en el que a pesar de la popularidad de Morales que rondaba el 50 % (una aprobación considerable tomando en cuenta que llevaba en el poder diez años) se impuso el «no», resultado significativo además porque en Bolivia el voto es obligatorio.

A pesar de la derrota, Morales decidió acudir al Tribunal Constitucional que lo habilitó para dichas elecciones al considerar que se le violaba un derecho político. En semejante ambiente, se llegó a los comicios generales de 2019, con un resultado ya conocido. Morales se declaró como vencedor en primera vuelta pues habría obtenido una ventaja de más de diez puntos por encima de su rival, Carlos Mesa, pero los rumores primero de irregularidades y luego de fraude terminaron por hacer inviable su tercer mandato. La Organización de Estados Americanos (OEA) que contaba con una misión de observación emitió un concepto sugiriendo repetir las elecciones y dejando en el ambiente la idea jamás comprobada de que se había realizado un fraude. El informe de la OEA fue controvertido por el Center for Economic and Policy Research y por un estudio independiente de los investigadores John Curiel y Jack Williams del Laboratorio de Ciencias y Datos Electorales del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) cuyos hallazgos fueron publicados por el ‘Washington Post’. En ambos estudios de conocimiento público se refutan las consideraciones infundadas de la OEA.

La llegada al poder de la presidenta interina Jeanine Áñez debía conducir a unas elecciones en un plazo inmediato y perentorio, sin embargo, no se realizaron antes de terminar 2019 y se previeron para el 3 de mayo del presente año. Una postergación injustificable que pretendía modificar el curso de las preferencias electorales, pues los sondeos desde ese entonces han apuntado a que ganaría la dupla Luis Arce (ministro de economía de Morales y para muchos, ideólogo del milagro) y David Choquehuanca (excanciller de Morales). Con la llegada de la pandemia, la postergación indefinida de los comicios parece ineluctable y genera indignación que un interinato extralimitado haya tomado la palabra para hacer todo tipo de señalamientos respecto del gobierno anterior en un claro atentado contra la independencia de poderes. Las amenazas de judicialización contra los líderes del MAS se multiplican, mientras el secretario general de la OEA, que estrena reelección, ha centrado sus intereses exclusivamente en Venezuela ignorando por completo los llamados a la restauración del estado de derecho en Bolivia.

Sin duda alguna, la gravedad de la situación en Venezuela justifica la activación de todos los escenarios multilaterales para hallar una solución definitiva. Resulta inexplicable, eso sí, que en pleno siglo XXI se pueda materializar un golpe de Estado frente a la mirada cómplice de gobiernos que han insistido en la necesidad de defender la democracia desde todas las orillas institucionales frente a rupturas del orden constitucional. Se trata de escenarios como el de Venezuela en 2017 o Bolvia en 2019, pero cuya disparidad de reacciones debe provocar una reflexión acerca de la riesgosa politización de la defensa de la democracia.  

@mauricio181212
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